La nueva ley general de telecomunicaciones del gobierno español, aprobada el pasado martes en el Congreso con los votos a favor del PP, PSOE y CiU, da permiso a las operadoras a expropiar azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil «cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable».
El nuevo texto despoja los ayuntamientos de competencias en la materia
Los ayuntamientos, que hasta ahora tenían la capacidad de otorgar la licencia de obras, pierden esta competencia, la prohibición de colocar las antenas junto a escuelas u hospitales quedan sin efecto si el Ministerio de Industria y Energía califica de utilidad pública la instalación de esa antena. En la anterior ley ya constaba la figura de la expropiación forzosa, pero casi no tenía relevancia y en la práctica era imposible aplicarla (no se ha dado ningún caso) si los ayuntamientos se oponían, ahora estas redes son consideradas “Red Básica Estructurante”, de modo que son obras de interés general, y están al mismo nivel que un hospital o que una carretera, así que tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, ya que bastará que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente «un plan de desarrollo o instalación de red en el que se contemplen estas infraestructuras».
Se trata de una normativa estratégica para el país.
Es muy improbable que puedan llevarse a cabo expropiaciones, pero las compañías necesitan seguridad jurídica para invertir. El objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan ‘acometer proyectos de gran envergadura’ para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de al menos 30 megabits por segundo (mbps) en el 2020 y que la mitad de los hogares puedan alcanzar velocidades superiores a 100 mbps.
La medida ha disparado las alarmas entre las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la contaminación electromagnética, que denuncian que se deja a los ciudadanos ‘desamparados’ y que temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de las personas afectadas. ‘Los tejados ya no son nuestros, y todo esto obedece a un desarrollo salvaje del sistema inalámbrico’, denunció ayer Asunción Laso, miembro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECC) y presidenta de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Comunicaciones. Algunas compañías telefónicas disimulan sus antenas para evitar estar en el punto de mira de este tipo de asociaciones. Todos estamos a favor del desarrollo de las nuevas tecnologías, pero no a cualquier precio.
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Sergi Queral Tolós 